Daniel Solano fue
visto por última vez alrededor de las 3.30 de la mañana del sábado
5 de noviembre de 2011 afuera del boliche bailable “Macuba”.
Cuentan que había bebido. Que estaba de fiesta. Faltaban dos días
para que él y otros 150 compañeros que trabajaban para la empresa
“Agro Cosecha” iniciaran una inédita huelga en reclamo de
haberes adeudados.
Tenía 26 años.
Venía de un hogar humilde de Salta pero no por eso le faltaba
educación. Era su segundo año como golondrina en el Alto Valle. Una
práctica laboral brutal que implica que los trabajadores viajen
durante días en colectivos destartalados desde el norte del país
hasta Río Negro para operar en la fruta, la cebolla y otros
productos. Durante cuatro o cinco meses duermen hacinados en galpones
llamado gamelas. Uno pegado al otro. Sobre el suelo. 150 personas. 1
baño.
Para Solano esto no
se salía de la norma, pero como era bueno en matemáticas, un día
descubrió que los patrones les adeudaban en concepto de horas extras
y otros ítems alrededor de 1000 pesos a todo el grupo del 2011.
Intentó explicárselo en la oficina de administración y lo
atendieron en una escalera. No hubo acuerdo posible. Entonces, él y
un puñado de operarios organizaron un paro para el lunes siguiente.
Un hecho controversial e insólito para los estándares de las
empresas del sector que contratan golondrinas.
Hace unos años, un
amigo, micro empresario del Alto Valle, decía: “sin trabajo en
negro, esto no es negocio. Parte de la ganancia radica en explotar a
la mano de obra. Los bolivianos explotan a su familia. Los
empresarios locales explotan a los norteños, así funciona”.
Entonces, no hay
seguros de vida, no hay jubilación, no hay obra social, no hay
feriados, no hay comodidades de ningún tipo, no hay descanso por
accidente.
Los golondrinas son
custodiados por guardias privados que, en caso de que alguien genere
conflicto, se ocupan primero de hacerlos escarmentar y en última
instancia de expulsarlos a su lugar de origen. Los escarmientos están
a la orden del día, cuentan.
Solano sabía de
números. No podía ser engañado como tantos otros que dejan el
cuerpo y las manos en las siembra, y no saben leer ni escribir. Pero
su saber y su osadía podía cobrarle un precio. Y lo hicieron. Sus
tíos y amigos que lo conocían se lo dieron entender. “Este fin de
semana no salgas”, le dijeron. Temían una golpiza o su muerte.
Allí, en esas condiciones, no se juega. Pero Solano era joven y
divertido y salió. Relatan que no andaba con dinero pero le
invitaron muchos tragos. ¿Quién? Otra persona asegura que andaba a
los empujones. Probable. Nada fuera de lo común en un boliche
tropical.
Tres policías de Río Negro lo
sacaron a los golpes del boliche. Hay numerosos testigos. Afuera
continuaron golpeándolo al punto de que una joven reconoció haber
gritado: ¡lo van a matara!. Lo subieron a una Eco Sport. Una pareja
que estaba en el lugar y había ido en moto los siguió. Llegaron
hasta la llamada Isla 92, un balneario municipal. Allí le perdieron
el rastro.
El cuerpo de Solano
nunca fue encontrado. El abogado de la familia Sergio Heredia pasó
años afuera del Palacio Judicial en Choele Choel reclamando justicia
junto a los familiares del joven. La investigación tuvo elementos
tragicómicos: Las primeras pesquisas fueron encargadas por la jueza
Marisa Bosco, pero quienes se ocuparon de llevarlas a cabo eran los
mismos policías sospechados de haber hecho desaparecer a Solano.
Bosco llegó a decir que el joven podía estar en “Bolivia”. ¿Por
qué no lo buscan en Bolivia?”, palabras exactas.
Posteriores
investigaciones llevaron la búsqueda del cadáver al río que cruza
el balneario, en pampas, en propiedades. El último espacio que les
queda por explorar es un jagüel, un agujero profundo en medio de la
nada, donde se cree que no solo está Solano sino los cuerpos de
otros que perecieron brutalmente.
Este 25 de enero a
las 9 de la mañana, justo en feria judicial que será interrumpida,
el juez de Garantías de Choele Choel Roberto Gaviña, ordenó que un
grupo de especialistas se abra paso en el jagüel. El costo de la
operación: 3 millones de pesos. Al principio nadie estaba en
condiciones de cancelar pero finalmente que quedará a cargo de la
Justicia de Río Negro.
En febrero comenzará el juicio a los siete policías imputados por su pérdida. Algunos son los mismos que "no" pudieron encontrar a Solano cuando se les ordenó buscarlo.
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